Colegio Oficial de
Ingenieros Técnicos Agrícolas
de Cantabria

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Estatutos Generales

DISPOSICION FINAL UNICA DE 12 DE MARZO DE 1999

Real Decreto 429/1999, de 12 de marzo, por el que se modifican los Estatutos generales de los Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos Agrícolas y Peritos Agrícolas de España y de su Consejo General, aprobado por Real Decreto 2772/1978, de 29 de septiembre.


Por Orden del Ministerio de Agricultura, de 27 de noviembre de 1947, fueron constituidos oficialmente en España los Colegios de Peritos Agrícolas, a los que por otra Orden del Mismo Ministerio, de 30 de septiembre de 1967, fueron incorporados los Ingenieros Técnicos Agrícolas.

Los Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos Agrícolas y Peritos Agrícolas de España y su Consejo General han venido rigiéndose por unos ya viejos Estatutos generales, que fueron aprobados por Real Decreto 2772/1978, de 29 de septiembre.

La obsolescencia de aquella norma y las modificaciones que el marco normativo regulador de los Colegios Profesionales ha experimentado aconsejaban ya una modificación de los Estatutos generales. Conveniencia que la reciente aprobación de la Ley 7/1997, de 14 de abril, de Medidas Liberalizadoras en Materia de Suelo y Colegios Profesionales, ha transformado en imperatividad. En efecto, la disposición adicional única de aquella Ley ha determinado la apertura de un proceso de obligatoria adaptación de los Estatutos de todos los Colegios Profesionales a las modificaciones introducidas por aquélla en la estatal Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales. A cumplir pues este mandato se orienta esta reforma estatutaria.

La presente reforma se endereza primordialmente a desarrollar y adaptar aquellas medidas liberalizadoras. La sujeción del ejercicio de la profesión al régimen de libre competencia, la adopción de la colegiación única, el nuevo alcance de las funciones de fijación de baremos orientativos de honorarios o servicio de cobro colegial voluntario son algunas de aquéllas, que se insertan dentro de la estructura del hasta ahora vigente Estatuto colegial, que, en lo restante, permanece en términos sustancialmente idénticos.

El tiempo transcurrido sin actualización de estos Estatutos, cerca de veinte años, ha determinado también la necesidad de acometer en este momento la adaptación obligada a otras reformas normativas que resultan inaplazables.

Comenzando por la propia modificación de la Ley estatal de Colegios Profesionales 2/1974, de 13 febrero, llevada a cabo tan sólo unos meses antes de la aprobación de aquellos Estatutos, por la Ley 74/1978, de 26 de diciembre. Aunque entonces quedaron derogados de forma automática, desaparecen ahora las menciones conservadas hasta la fecha, al juramento de fidelidad a las "Leyes Fundamentales del Régimen y a los Principios del Movimiento Nacional", o la potestad de suspensión por el Consejo General de los actos nulos de pleno derecho de los Colegios territoriales; o, al carácter "orgánico" de la relación de los Colegios y el Consejo General con la Administración del Estado.

La aprobación de la Constitución en diciembre de 1978 ha supuesto también un hito extraordinario, que ha determinado profundas modificaciones que han afectado a la organización colegial. Su artículo 36 se refiere expresamente a los Colegios Profesionales al deferir a una Ley la regulación de sus peculiaridades jurídicas y ordenar que su estructura y funcionamiento internos sean democráticos. A reforzar y asegurar el mandato constitucional también se dirigen algunas de las novedades incorporadas en el Estatuto.

Del nuevo orden constitucional también deriva la importante actualización del régimen disciplinario que se lleva a cabo en los Estatutos, que incorporan en sede colegial las garantías constitucionales sobre sanciones administrativas; en particular las derivadas del principio de legalidad sancionadora. A tal efecto se ha reforzado especialmente, en el capítulo VIII, la tipificación de infracciones y sanciones, y la correspondencia entre ambas; amén de introducir el instituto de la prescripción y de configurar un procedimiento disciplinario.

En el año 1992, por otra parte, se aprobó la Ley de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. La adecuación a esta Ley del régimen de los actos y recursos corporativos es uno de los contenidos más importantes del capítulo X.

Finalmente, en estos Estatutos se ha querido también tener en cuenta que según la ordenación territorial aprobada por la Constitución española de 1978 era necesario reflejar el hecho de la existencia de las Comunidades Autónomas y es por ello que se ha asumido las previsiones resultantes del ejercicio de las competencias autonómicas sobre Colegios Profesionales, cuyo encaje con la legislación básica estatal se ha procurado tomar en consideración.

En su virtud, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 6.2 de la Ley 27/1974, de 13 de febrero, de Colegios Profesionales, a propuesta de la Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 12 de marzo de 1999,

D I S P O N G O:

(Los artículos Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto y Sexto incluyen las modificaciones en los Estatutos Generales recogidas en el texto e indicadas por nota a pie de página).

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA. Entrada en vigor.

El presente Real Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el "Boletín Oficial del Estado".
Dado en Madrid, a 12 de marzo de 1999.

JUAN CARLOS R.


La Ministra de Agricultura, Pesca
y Alimentación,
LOYOLA DE PALACIO DEL VALLE-LERSUNDI

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